En el caso de que no se instalen los 500 MW fotovoltaicos anuales previstos por la regulación (según lo establecido por el gobierno en el Real Decreto 1578/2008), el país perdería 4.979 millones de euros hasta 2020, así como unos 40.000 puestos de trabajo estables, atendiendo a la sustitución de la energía solar por centrales térmicas de gas.
El informe indica (ver gráfico) que la reducción extraordinaria de tarifas, más los elevados costes de promoción, no permitirán que las instalaciones en suelo sean rentables y ese segmento de mercado desaparecerá hasta que los precios de los sistemas fotovoltaicos hayan bajado proporcionalmente.
ASIF ha explicado que “el informe no cuantifica el efecto netamente positivo que la llegada de la paridad de red y la implantación del autoconsumo tendría para el país. Tampoco cuantifica el efecto del descenso de los precios del pool eléctrico por la oferta de la energía fotovoltaica a precio cero en la punta de la demanda del mediodía, ni el previsible encarecimiento de los precios de los hidrocarburos durante la próxima década, entre otras partidas no computadas”.
En el caso de que el mercado fotovoltaico aumentara hasta los 1.000 MW ó 1.500 MW anuales hasta 2020, el país obtendría un balance aún más positivo que con los 500 MW previstos, evaluado en 9.386 y 13.794 millones de euros respectivamente.
El mercado fotovoltaico español lleva paralizado por “la regulación y la incertidumbre más de dos años”, asegura ASIF. Según los datos de la asociación durante 2009 el sector fotovoltaico perdió el 90% del empleo temporal y el 30% del fijo, unos 30.000 puestos de trabajo en total. Durante este 2010, las cosas han ido a peor. En opinión de ASIF, “el sector ha entrado en descomposición y únicamente aquellas empresas y actividades relacionadas con los mercados exteriores están consiguiendo sobrevivir”.
Fuente: www.energias-renovables.com
