La Coordinadora Verde estatal y andaluza, contra el acuerdo alcanzado por Gobierno, patronal y UGT-CCOO
La Coordinadora Verde, a través de su grupo e trabajo Ecosindicalismo, manifiesta su rechazo frontal al acuerdo alcanzado por Gobierno, Patronal y UGT-CCOO en relación al sistema de pensiones, al considerarlo un ataque desmedido e injusto hacia la ciudadanía y una de las mayores agresiones de la historia reciente a nuestros derechos sociales, lo que supone la escenificación del fin del Estado del Bienestar al que nos intentan arrastrar.
En nuestra opinión, como bien se apunta desde el Gobierno, es urgente una reforma de nuestro sistema de pensiones, pero en los términos contrarios a los pactados en este acuerdo, haciendo hincapié en la reducción de la jornada laboral como principal medida de lucha contra el paro y abogando por una reducción paulatina de la edad de jubilación a los 60 años, con el objetivo de incorporar al mercado laboral a esa gran masa de trabajadores que en las ctuales circunstancias no disponen de trabajo. Asimismo, abogamos por una reforma profunda de nuestro sistema laboral, que favorezca el acceso de las mujeres al mismo en condiciones de igualdad, y que facilite la respetuosa conciliación de su vida familiar-social y laboral, con el objetivo de que la maternidad no sea un lastre a la hora de conseguir y/o mantener un puesto de trabajo.
Prolongar la edad de jubilación a los 67 años, con la actual tasa de paro juvenil existente en nuestro país resulta, a todas luces, contraproducente. Además, el aumento del período de cálculo de la prestación de 15 a 25 años conducirá a una gran parte de la población activa a ver reducidos sus ingresos, obligándoles de este modo a recurrir a planes de pensiones privados que, en última instancia, son los grandes beneficiados de este acuerdo.
Miren Etxezarreta Público 22-01-2011
El argumento principal para justificar la reforma de las pensiones que está en curso es que “no hay dinero” para sostener el sistema público porque el número de ancianos aumenta y el número de cotizantes no lo hace en la misma proporción, y que la reforma tiene por objetivo hacer viables las pensiones futuras. Al mismo tiempo se invita a la ciudadanía a que suscriba planes de pensiones privados para compensar las pensiones públicas que, se acepta, tendrán que disminuir. La carencia de recursos para las pensiones públicas es un dato que se toma como premisa.
¿Es así? No, porque en la mayoría de las rotundas afirmaciones sobre la inviabilidad futura de las pensiones se ignora la evolución de la riqueza de los países y que menos personas pueden producir más riqueza. En las sociedades modernas, a pesar de las crisis sucesivas, la capacidad de producir riqueza aumenta mucho en el tiempo. Y esta riqueza adicional puede cubrir las necesidades de mayor gasto que requeriría el mayor número de ancianos que se prevén, suponiendo que estas predicciones sean correctas. En España, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se observa que el PIB a precios constantes de 1986 pasó de 21,5 miles de millones de pesetas en 1971 a 44,2 miles de millones en 1997; es decir, que la producción de riqueza se dobló en 26 años. Asimismo, desde 1971 a 2006 la renta per cápita –renta producida por persona– se multiplicó por algo más de dos. Si bien la crisis rebajó algo dicho aumento en el periodo 2006-2009, todavía se puede afirmar que, en el periodo 1971-2009, la renta per cápita en términos constantes por lo menos se duplicó. En definitiva, el país es el doble de rico por persona que hace 40 años.
Asimismo, hay que recordar que, a medida que el sistema económico evoluciona, con menos personas se produce más riqueza. De modo que, frente a lo que erróneamente sostienen reputados economistas, el número de trabajadores activos es irrelevante respecto a la viabilidad de mantener las pensiones en el futuro. Lo que importa no es cuántos trabajadores hay, sino la riqueza que producen.
Si, como es de esperar, a pesar de los avatares del capitalismo actual la capacidad de producir riqueza sigue aumentando, no hay ninguna razón por la que estas sociedades no puedan mantener una población mayor de ancianos. La riqueza, los recursos materiales y el dinero necesario existen en la sociedad. Por tanto, si se afirma que no hay dinero para las pensiones, la pregunta pertinente es: ¿dónde está entonces la riqueza producida? ¿Quién se ha hecho dueño de la misma?
De la riqueza producida anualmente en el país, las remuneraciones al trabajo se llevan algo menos de la mitad, mientras que algo más del restante 50% de la riqueza es absorbido por el capital. Por su parte, el Estado se nutre –desigualmente– de ambas fuentes. En España las pensiones públicas se pagan con las contribuciones de los salarios, pero no hay ninguna razón económica por la que haya de ser así. La crisis de las pensiones públicas, si llegase a producirse, sólo sería debido al mantenimiento del sistema dentro del más estricto statu quo. Pero no hay absolutamente ningún motivo por el que el sistema no pueda modificarse en dirección distinta de la que se está proponiendo ahora. Si cada vez se insiste más en la importancia de los aspectos inmateriales en la producción de riqueza –conocimiento, investigación, educación, salud, gobernanza…–, es una falacia no considerar que la sociedad es una unidad cuyo esfuerzo conjunto produce una riqueza que se ha de distribuir entre todos. ¿Por qué sólo los trabajadores en activo han de costear las pensiones? La crisis de las pensiones no es porque faltan recursos; es debida a una distribución perversa de la renta. Lo que pasa es que la riqueza producida está muy mal repartida.
Se recomiendan las pensiones privadas, pero ¿no sería más seguro y eficiente aumentar la dotación a las pensiones públicas que potenciar que se invierta el dinero en pensiones privadas, enormemente inseguras, vulnerables ante la inflación y de alto coste de gestión? ¿Acaso es esta la solución? Es destacable que en el debate sobre las pensiones no se haga referencia al bienestar de los pensionistas, quienes implícitamente parecen ser considerados como afluentes. ¿Y cómo es que se conceden generosas exenciones fiscales a las pensiones privadas mientras se plantea que no habrá dinero para las públicas?
Hay soluciones distintas a la disminución de las pensiones públicas si eventualmente se presentan problemas para las mismas. Y además, en cualquier caso, ¿por qué tanta prisa en plantear ahora, en plena crisis, un problema que, se materializaría dentro de 20 años?
Es evidente que la reforma de las pensiones, tal como se presenta desde 1994 por el Banco Mundial y se refuerza e intensifica ahora por las instituciones internacionales, la Unión Europea y los gobiernos respectivos, no tiene sus raíces en los problemas económicos de las pensiones públicas futuras, sino en el gran interés de las instituciones financieras en absorber todavía más un suculento negocio (los fondos de pensiones gestionan actualmente el 35% de todas las acciones existentes en el mundo).
La reforma de las pensiones públicas a la baja, como la actual, no tiene como objetivo resolver el problema de las pensiones públicas sino potenciar las pensiones privadas, que constituyen un estupendo negocio para los capitales financieros que dominan nuestras sociedades. Para ello, el capitalismo no duda y consigue convertir en problema el alargamiento de la esperanza de vida, uno de los pocos avances reales que el sistema socioeconómico permite.
Miren Etxezarreta es Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
Ilustración de Iker Ayestarán
