Energía, Cambio Climático y economía sostenible: todo está relacionado.
Un artículo de Daniel López Marijuán, Ecologistas en Acción Andalucía.
“Las inversiones necesarias para luchar seriamente contra el Cambio Climático, para reducir la dependencia de las energías fósiles y apostar por las renovables, para modernizar el transporte público y adaptar todas las infraestructuras, pueden ser el nuevo gran motor de la economía mundial”, Joseph Stiglitz.
Las incertidumbres e inseguridades de la economía mundial no parecen darnos tregua. Al alarmante aumento del paro se une el cierre crediticio y, lo más alarmante, la convicción de que nadie tiene ni idea de por dónde pueden ir los derroteros económicos ni tampoco la forma de salir de la crisis. En nuestro país se juntan las debilidades y las fortalezas: aparecemos como un paladín de las energías renovables, pero no acaban de despegar frente al reinado de los combustibles fósiles, los máximos responsables de las emisiones de CO2 que nos han metido en este Cambio Climático Global que ya padecemos. España es el país de la UE cuyas emisiones han aumentado más rápidamente y que más se aleja de su objetivo.
Es decepcionante que los Presupuestos Generales del Estado destinen ¡967 millones de euros! a subvencionar el carbón nacional, frente a los escuálidos 67 millones asignados a las energías renovables. ¿Es así como iniciamos la “economía sostenible”, el nuevo mantra de Zapatero?
No son ya las organizaciones ecologistas, sino los países más poderosos de la Tierra (G-20), quienes calificaban de “ineficientes” las ayudas que estimulan el consumo de hidrocarburos, llegando a sostener que “los subsidios a los combustibles fósiles son ineficientes porque fomentan el despilfarro, reducen nuestra seguridad energética, impiden la inversión en fuentes de energía limpias y socavan los esfuerzos para hacer frente a la amenaza del Cambio Climático”.
Cuando la oportunidad de afrontar la fiscalidad ecológica era evidente, aplicándola a la emisión de CO2 y al consumo de combustibles fósiles, el gobierno de la nación sigue sin atreverse a implantarla, a pesar de que países como Suecia, Dinamarca, Gran Bretaña, Suiza y, más recientemente, Francia, ya la aplican. Frente a ello, seguimos con una política tributaria que persigue la recaudación y no la interiorización de conductas responsables y sostenibles.
La logomaquia de la Administración permite que coexistan declaraciones a favor de la “economía sostenible” y en contra del Cambio Climático, con actuaciones que van justamente en sentido contrario. Es el caso de la política de transporte, basada en la primacía absoluta del coche privado; en vez de apostar por la promoción del transporte público y el abandono de infraestructuras enormemente impactantes, se sigue primando la compra del coche privado y la construcción de más autovías y líneas de AVE. Si a ello le añadimos la política continuista en seguir ampliando puertos y aeropuertos, comprobamos que todos los medios de transporte contemplan objetivos de incremento de emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero). ¿Cómo puede ser coherente este crecimiento con la “economía sostenible”, que debería buscar la contención y el freno?: no hay respuesta aceptable. Se hace un enorme hincapié en los coches eléctricos (8 millones de euros de ayuda), sin atender a los cambios en los modos de desplazamiento y sin garantizar el origen, limpio o no, de esa electricidad que alimentará a los coches eléctricos. La futura ley de Economía Sostenible puede ser desgraciadamente del crecimiento sostenido, con la recuperación económica como máximo objetivo y las consideraciones ambientales como mero adorno. Si a esto le unimos la permisividad del Paquete de Energía y Cambio Climático de la Unión Europea, que permite a España en todos los horizontes de reducción general incrementar sus emisiones, podemos comprobar la inexistencia del cambio de rumbo prometido.
En Andalucía son ya 231 los municipios que se han adherido al programa de sostenibilidad “Ciudad 21”; también hay 80 ciudades que han suscrito el “pacto de los alcaldes” para asegurar el compromiso del 20% de consumo energético renovables para el año 2020. Son iniciativas que no acaban de poner en práctica el cambio de paradigma a favor de la sostenibilidad, quedándose en muchos casos en iniciativas puntuales o meramente cosméticas. Y mientras tanto la emisiones de los GEO siguen aumentando. Si no somos capaces de llevar a la práctica acciones tempranas que supongan reducciones reales de estos gases en la próxima década, todo estará perdido. No lo decimos nosotros, sino los últimos informes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que alertan de que las peores previsiones de calentamiento del IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático) para el 2007 se estaban quedando desfasadas: los glaciares se funden más rápido de lo previsto y la subida del mar es mayor de la anunciada.
La ingeniería contable de las emisiones de gases de efecto invernadero han permitido a España sobrepasar con creces el límite del 15% de incremento asignado: con las cuentas del gobierno, un 20% de incremento se compensaría con “créditos” (mecanismos de flexibilidad) y un 2% con los sumideros de los bosques. Además, muchos de esos mecanismos de desarrollo limpio no suponen reducciones de GEI en el país contaminante, sino el traslado a un país “subdesarrollado”, donde, por ejemplo se queman los gases hidrofluorocarbonados resultantes de la fabricación de frigoríficos y equipos de aire acondicionado. Los últimos datos de 2008 inidican que las emisiones siguen siendo un 42,7% más altas que el año base de 1990:
También ocurre con las energías renovables, que deben ser el puntal del anunciado cambio en el modelo de producción y de consumo que se viene pregonando. A pesar del impulso fortísimo de las energías limpias en los últimos años, la incertidumbre en el modelo tarifario y la dificultad para conseguir créditos están limitando muy seriamente el futuro de las energías solar y eólica. La primera ha sufrido una bajada considerable en su retribución, justificada en el boom de las huertas solares y la especulación de algunos proyectos. Eso ha provocado que durante este año sólo de haya instalado un 3% de los proyectos fotovoltaicos autorizados. La eólica está a punto de alcanzar la potencia fijada para el año 2010, sin que el nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020 señale nuevos objetivos. En la biomasa no conseguimos despegar, tanto en el aprovechamiento térmico como eléctrico; el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino ha concedido 1,7 millones de € de ayudas para la biomasa: esperemos que den resultados. El reciente Congreso Forestal Español aseguraba que si se aprovecharan los 30 millones de m3 de madera forestal que ahora de desaprovechan, la energía generada supondría el 75% de la que produce la nuclear en España al año.
Hay noticias esperanzadoras, como las nuevas centrales termosolares que se están inaugurando: la de Acciona en Alvarado (Badajoz) con 50 MW de cilindros parabólicos, o la de Abengoa en Sanlucar la Mayor (Sevilla) con 20 MW de heliostatos y torre central. Los 81 MW ya operativos de energía termosolar en Andalucía pueden convertirse en 317 MW si los 7 proyectos siguen adelante. Es esperanzador el horizonte que ¡por fin! Se abre a la energía eólica en nuestro país. Por fin un municipio (el de Chipiona) y un organismo (la universidad de Cádiz) se atreven a participar en un proyecto de eólica off shore. El Estudio Estratégico Ambiental ya fija las áreas aptas para esta implantación, el Mapa Eólico precisa las zonas idóneas, el R. D. 1028/2007 establece el procedimiento administrativo para la autorización y la tecnología predictiva de generación y preventiva de colisiones de aves ya existen. La oportunidad es magnífica para que Andalucía sea pionera en este tipo de energía, si los fundamentalistas antieólicas aceptan argumentos y no presunciones, y si los promotores hacen las cosas bien. Es delirante por eso que sigamos con la cantinela de “no hay consenso “ (Chaves dixit) para intentar justificar la inhibición de las Consejerías que deberían apoyar la eólica marina, la de Medio Ambiente y la de Innovación. ¿Es que se ha pedido consenso cuando se implantaron, en contra de la ciudadanía, las centrales térmicas de Arcos o del Campo de Gibraltar, éstas sí verdaderamente contaminantes?. O cuando el gobierno gallego pretende imponer un “impuesto paisajístico” (¿) a los nuevos parques eólicos en Galicia.
Necesitamos un nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad, con la equidad en el acceso y reparto de los recursos como bandera, y cuanto más tardemos en realizar este tránsito, más difícil será ponerlo en marcha. Aunque sea complicada la gestación, todo son beneficios si lo conseguimos; estar en una sociedad que no necesita los combustibles fósiles sólo reportará beneficios sociales y ambientales.
